Luego de más de dos años de conflicto, el Poder Ejecutivo y los rectores de las casas de estudios lograron un entendimiento económico que incluye aumentos salariales y fondos adicionales para hospitales y becas.
Este mediodía, en el Palacio Sarmiento, el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades nacionales firmaron un acuerdo económico que pone fin a más de dos años de disputa presupuestaria. El entendimiento fue alcanzado entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci y Anselmo Torres.
El acta firmada formaliza un aumento salarial del 24,33% para los trabajadores docentes y no docentes. Este incremento se desglosa en un 21,33% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, se acordó abrir paritarias cada tres meses durante el resto del año.
El acuerdo fue posible tras la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía de la Nación. Según datos publicados por LA NACION, esta medida busca responder a una caída real del 33% en los ingresos del sector, que provocó la renuncia de 10.000 docentes en todo el país y afectó el desarrollo de las actividades académicas.
El entendimiento incluye también fondos adicionales para hospitales universitarios: se asignarán $50.000 millones extras, que se suman a los $80.000 millones ya previstos en el presupuesto actual. Asimismo, se estipula un incremento del 20% para cubrir los gastos de funcionamiento institucionales de las universidades nacionales. En materia de ayudas estudiantiles, se fijó una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar no fueron incluidas en este esquema de actualización.
A pesar del acuerdo financiero, los rectores universitarios rechazaron levantar la demanda legal vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha normativa, que exige actualizar los fondos estatales según parámetros de 2023, está bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Gobierno interpusiera un recurso extraordinario contra fallos previos de la Cámara Federal.
El Poder Ejecutivo argumentó ante el máximo tribunal que el cumplimiento estricto de la ley exigiría reasignar el 90,3% de los créditos de los gastos primarios del Estado. Según informes del Ministerio de Economía, esa situación provocaría una parálisis significativa en el funcionamiento de los tres poderes públicos, afectando áreas como la seguridad en Rosario, el abastecimiento de establecimientos carcelarios y la actividad judicial ordinaria. Ambas partes operativizarán los desembolsos pactados mientras se aguarda la resolución definitiva de la justicia.