Luego de varios días de incertidumbre, finalmente el Ministerio Público de la Acusación aceptó la inhibición dispuesta por el juez Federal Eduardo Hansen y la causa por el decomiso de casi media tonelada de cocaína de la ciudad de La Quiaca, pasará finalmente al fuero federal.
La información fue confirmada a nuestro medio por el fiscal Federal Federico Zurueta, quien comunicó que «hoy la provincia aceptó la inhibitoria y declinó su competencia», por lo que ahora se encuentra esperando el envío del expediente completo de lo que se avanzó hasta este momento, a fin de ponerse al tanto de la situación.
Desde este punto, comenzará otra investigación, además de la corroboración de diferentes elementos que ya forman parte de la causa.
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En primer termino se confirmará la cantidad de droga, 478,9 kg de cocaína que fueron informados oportunamente, que corresponden a los secuestros realizados en un camión y posteriormente en un galpón que fue allanado por las fuerzas que intervinieron.
Por otro lado, se deberá analizar como se hizo la cadena de custodia de todos los elementos que fueron secuestrados y que pertenecen a la investigación, como ser el estupefaciente, como así también los celulares, el vehículo y toda la documentación que se adjuntó.
Finalmente, la cocaína deberá ser sometida a un nuevo narcotest, el cual determina la pureza de la droga y puede esbozar algún indicio de su procedencia, lo que podría llevar a confirmar las investigaciones que podrían haberse visto afectadas y que son llevadas adelante por la Justicia Federal.
El caso
El procedimiento comenzó cerca de las 22 del viernes 20 del corriente mes cuando, a aproximadamente 20 kilómetros de La Quiaca, un camión que transitaba la Ruta nacional 9 fue interceptado a la altura de la localidad de Pumahuasi. El vehículo se trasladaba en condición de lastre —es decir, sin carga declarada— y, se cree, se dirigía con destino a Buenos Aires.
Por orden de Alberto Mendivil, fiscal de la Unidad con Competencia en Narcomenudeo, y el Procurador General Sergio Enrique Lello Sanchez, ambos del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, el medio de transporte fue sometido al control no intrusivo del escáner de la Aduana, cuyo operador detectó una imagen sospechosa en la zona del tanque de combustible. La anomalía fue constatada por un control realizado con videoscopio, una sonda flexible equipada con una cámara, para la inspección de zonas de difícil acceso.
En ese marco, los organismos intervinientes resolvieron desarmar el tanque de combustible para llevar adelante una inspección física exhaustiva, durante la cual hallaron nada menos que 213 paquetes de cocaína, con un peso total de 228,78 kg.
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Luego, la Aduana y la Policía de Jujuy allanaron dos domicilios en La Quiaca, donde, con asistencia de un can aduanero, descubrieron 240 bultos de droga adicionales, con un peso de 250 kg. De ese modo, el exorbitante volumen de cocaína secuestrada asciende, en total, a 478,925 kg, con un valor estimado de $1.685.226.155. Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos como resultado de los procedimientos.
El conflicto
La información sobre este procedimiento fue vertida por el mismo MPA Jujuy a los medios de prensa y llegado de esta manera a las redes sociales, donde el fiscal Federal Federico Zurueta tomó conocimiento del mismo.
Extrañado por no haber sido consultado sobre el caso de narcotráfico, se contactó con sus pares del MPA Jujuy, pero recibió respuestas exiguas y poco claras en torno a lo que había ocurrido.
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Entendiendo que la causa superaba la jurisdicción de la Justicia Ordinaria, es decir la Justicia local, el fiscal Federal hizo un pedido de inhibición ante el Juez Eduardo Hansen, el cual tras analizar la situación emitió el lunes pasado un fallo dando lugar a la requisitoria de Zurueta.
Sin embargo, transcurrieron casi cinco días desde aquella disposición, hasta que finalmente este viernes se dio lugar y el MPA declinó su competencia en este caso.