Claro, uno de los grandes operadores de telecomunicaciones de la Argentina, advirtió que la regulación vigente frena el avance de la quinta generación (5G) de tecnologías de telefonía móvil en el país.
El director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López, realizó fuertes reclamos sobre la urgente necesidad de cambios regulatorios en Argentina para facilitar el avance del 5G.
El ejecutivo puso énfasis particularmente en las barreras impuestas por las regulaciones municipales, las cuales, según su criterio, «constituyen un serio obstáculo para las empresas del sector, ya que cada ciudad impone requisitos específicos y divergentes para el despliegue de redes».
En un encuentro organizado por ConverCom, Quiroga López elogió la medida del Gobierno nacional de reducción de aranceles a la importación de equipos móviles: «El Gobierno implementó una reforma estructural muy positiva, que debería facilitar el acceso a la conectividad al abaratar los equipos», afirmó.
Hace unos meses el ejecutivo también había hecho pública la «preocupación institucional» de la compañía ante la venta de Movistar a Telecom, y además señaló que significaba «una concentración económica significativa».
«No estamos pidiendo beneficios, sino reglas claras y consistentes en todo el país. El desarrollo del 5G no puede quedar atado a la voluntad de cada municipio«, sostuvo Quiroga López, quien también advirtió que las demoras normativas podrían hacer perder a la Argentina una oportunidad estratégica de transformación digital.
En su opinión, la complejidad y fragmentación normativa actual genera retrasos y altos costos operativos, y afecta directamente la viabilidad de inversiones significativas necesarias para el desarrollo efectivo de la infraestructura 5G en el país.
Según datos presentados en el encuentro por Sonia Agnese, analista senior para América latina de la consultora Omdia, existen más de 2.000 millones de conexiones 5G en el mundo, aunque la mayoría están concentrados en apenas tres países: China, Estados Unidos y la India. «En América latina viene muy rezagado, sobre todo en casos de uso. La monetización por parte de los operadores no es tan clara», afirmó.
Quiroga López señaló que «las trabas normativas, en particular las vinculadas a la obtención de permisos municipales, generan incertidumbre jurídica y operativa que desalienta la inversión privada».
Desde la perspectiva de Claro, avanzar hacia un sistema de regulación más homogéneo y centralizado permitiría reducir los costos y tiempos de implementación, además de generar condiciones más predecibles para nuevos proyectos tecnológicos.
Alejandro Quiroga López
Baja adopción, alto costo de equipos
Claro ya cuenta con más de 400 estaciones base 5G y planeamos seguir expandiendo esa infraestructura, pero hoy apenas el 7% de nuestra base total de clientes tiene equipos compatibles. Incluso, entre los usuarios conectados simultáneamente, no más del 12% usa tecnología 5G. La principal barrera es el alto costo de los dispositivos», señaló.
Además de los problemas regulatorios, el ejecutivo destacó el impacto económico que estas trabas generan sobre los proyectos de infraestructura. «Cada día de demora implica un sobrecosto para las empresas, que en muchos casos se vuelve insostenible. No se puede planificar a largo plazo con 2.000 marcos normativos distintos, uno por cada municipio», ejemplificó.
En este sentido, subrayó la necesidad de ordenar y simplificar los procesos administrativos, y propuso impulsar una legislación nacional que limite la capacidad de los municipios de bloquear o ralentizar los despliegues tecnológicos estratégicos. «Es momento de pensar en la conectividad como política de Estado, no como una fuente más de recaudación municipal», sostuvo Quiroga López.
Los respaldos de Catel y Telecom
El presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), Ariel Fernández Alvarado, coincidió en el encuentro de ConverCom con la postura de Claro respecto a la necesidad de simplificar el marco regulatorio. «Los municipios deben dejar de ser una barrera y pasar a ser facilitadores de la conectividad. La infraestructura digital debe tener el mismo estatus que una obra pública esencial», expresó.
El directivo señaló que si bien las cooperativas y pymes del sector tienen un rol clave en la expansión de redes, la dispersión normativa y la falta de incentivos específicos dificultan su participación en proyectos de gran escala como el 5G. «Necesitamos reglas claras también para los pequeños actores, que muchas veces tienen el músculo técnico pero no el respaldo financiero para enfrentar estas barreras», añadió.
Hernán Colombo, gerente de Regulación de Telecom Argentina, subrayó en el encuentro que la articulación entre los distintos niveles del Estado es clave para lograr una política pública coherente. «No podemos seguir dependiendo del humor político de cada intendente para desplegar antenas. Es fundamental avanzar hacia un modelo de coordinación institucional que le dé previsibilidad al sector», afirmó.
Colombo también destacó la urgencia de adaptar las normativas actuales al nuevo escenario tecnológico. «La regulación vigente fue pensada para otro tipo de redes. Hoy hablamos de infraestructura densa, con miles de puntos de acceso, que requieren rapidez en los tiempos de aprobación y criterios técnicos unificados», explicó.
5G: El riesgo de una nueva brecha digital
Más allá del plano normativo, los panelistas del encuentro de ConverCom coincidieron en que el despliegue del 5G en la Argentina enfrenta un desafío adicional: la necesidad de garantizar que esta nueva tecnología no profundice las brechas sociales y territoriales existentes.
Si bien el 5G se posiciona como una herramienta clave para el desarrollo productivo, su adopción inicial suele concentrarse en zonas urbanas densamente pobladas y de alto poder adquisitivo.
Fernández Alvarado advirtió que «si no hay una política activa para promover el despliegue en áreas rurales o menos rentables, corremos el riesgo de ampliar aún más la desigualdad digital en el país».
En la misma línea, Colombo subrayó que «la rentabilidad no puede ser el único criterio para decidir dónde desplegar 5G; debe haber una visión estratégica que incluya la equidad territorial como objetivo central».
Desde Claro, Quiroga López reconoció el riesgo de segmentación, aunque remarcó que las inversiones deben estar respaldadas por condiciones que las hagan viables. «Podemos llegar a más lugares si tenemos un entorno que acompañe. Sin previsibilidad, no hay expansión posible», concluyó.
Sin cambios estructurales, no hay futuro
En un mercado donde el crecimiento de las conexiones móviles se ha estancado y los ingresos del sector vienen en caída sostenida, el despliegue de 5G aparece como una oportunidad para revitalizar la industria de las telecomunicaciones en la Argentina.
Sin embargo, los desafíos estructurales —regulatorios, financieros y de articulación entre niveles de gobierno— obligan a repensar las condiciones de base para que la tecnología 5G cumpla su promesa.
Como reflejaron los testimonios de los operadores presentes en el panel, el desarrollo del 5G está condicionado por decisiones políticas, económicas y fiscales. Sin un cambio estructural en la mirada del Estado sobre el sector, la Argentina corre el riesgo de quedar rezagada frente a otros mercados de la región que ya avanzan con marcos regulatorios más avanzados y con planes de despliegue definidos a escala nacional.