La avenida Libertador, en el tramo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, es una caja de recaudación de los municipios que atraviesa la vía y, mientras los conductores acumulan bronca por las fotomultas que les llegan por superar levemente el máximo de velocidad de 80 km/h por un valor promedio a los $120.000, ahora, tendrán más condimentos para enfurecerse. Es que la Justicia Federal avanza en la investigación de un presunto lavado de activos en un caso que involucra la eliminación de multas de tránsito a cambio de coimas.
Un esquema de recaudación ilegal que puede afectar seriamente la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque el ministro investigado es Jorge D’Onofrio, encargado del área del transporte bonaerense que llegó a ocupar ese puesto por sugerencia de Sergio Massa. En círculos políticos bien informados sugieren que el titular del Frente Renovador se corrió de esa recomendación y, ahora, lo desconoce.
Sea como fuere, se trata de un enorme problema para el gobernador por la magnitud de las cifras involucradas.
Curro de las multas: ministro de Axel Kicillof, bajo la lupa de la Justicia
iProfesional, a través de una serie de notas, viene alertando acerca de la discrecionalidad para recaudar a través de cámaras de tránsito. Un hecho que se ampara en la problemática de la seguridad vial, pero que, en realidad, esconde un mecanismo de financiación de la política y de las autoridades municipales en tiempos de «no hay plata».
La exacción, que roza la confiscación de la propiedad privada de los ciudadanos, por multas que están pensadas como «cazabobos», y que generan una transferencia de recursos del sector privado al público demencial que el Presidente Javier Milei debería prestar atención, generó cifras insólitas y difíciles de admitir.
Según aseguraron funcionarios judiciales que están tras las maniobras de los sacamultas «… el monto investigado va a superar los 50 millones de dólares y no es una cifra arrojada al azar. Se justifica por los 32 millones de causas que existen en los juzgados de faltas provinciales. Se trata de un fraude enorme y no recuerdo un esquema de corrupción investigado tan importante en los últimos diez años», explicó un secretario de juzgado con reserva de nombre.
Esta situación hizo encender las alarmas en la gobernación platense y Jorge D’Onofrio quedó señalado.
Kicillof pidió informes y lo que vio no le gustó.
«Sacamultas»: Jorge D’Onofrio, investigado por corrupción
D’Onofrio, un ministro de confianza de Sergio Massa, estaría nombrado en un expediente de la Justicia Federal de Campana, por presunto lavado de activos a partir del éxito conseguido por la labor de los «sacamultas» bonaerenses, que son una especie de animal mitológico que todo automovilista que circula por Buenos Aires conoce acerca de su existencia.
Pero lo que más habría molestado al austero Kicillof es el estilo de vida aparentemente desvergonzado de su ministro de transporte, que incluiría un ritmo de vida ABC 1.
Un estilo que llama la atención de los investigadores judiciales y por el que se trabaja sobre el entorno del ministro bonaerense.
Claudia Pombo es la titular del Concejo Deliberante de Pilar y junto a algunos colaboradores habrían aceitado el mecanismo para borrar infracciones de tránsito a cambio de un porcentaje de la sanción en dinero «contante y sonante». Para que la eficiencia de las cámaras de foto multas se conviertan en auténtica productividad en beneficio de la recaudación, estarían implicados gestores y jueces de falta que están siendo investigados por la Justicia Federal.
Pero, como siempre sucede en las investigaciones judiciales, los fiscales federales saben perfectamente de que piola tirar. Y, si el diablo está en los detalles, D’Onofrio y su esposa no parecen haberlos cuidado lo suficiente para mayor indignación de Kicillof.
Los ingresos por funcionario público parecen continuar siendo una de las mejoras salidas laborales de la actualidad, a juzgar por algunos informes que circulan en la prensa que hablan del estilo de vida lujosa del ministro de Transporte. Autos de lujo, cuyos valores superan los 200.000 dólares, propiedades que están siendo investigadas porque podrían estar a nombre de familiares y viajes a lugares paradisíacos y carísimos que la propia Claudia Pombo divulgó por sus redes sociales.
La peor imagen que podría tolerar el gobernador Kicillof. El político del mate en su escritorio y sacos austeros tiene en su equipo, aparentemente, a un bon vivant que fue involucrado en el fabuloso curro de las fotomultas bonaerenses. No hay ningún automovilista que circule por Buenos Aires que no piense que se trate de una enorme y fabulosa caja de recaudación amparada en la siempre nombrada y nunca respetada: seguridad vial.