Cristina Kirchner, la ex presidenta y ex vicepresidenta, ha iniciado un contragolpe legal para recuperar el cobro de sus dos pensiones honoríficas, que suman un total de 35 millones de pesos. Esta acción se produce después de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) decidiera suspender estos beneficios tras la confirmación de su condena por corrupción en el caso Vialidad.
El abogado de Cristina Kirchner, Facundo Fernández Pastor, presentó un recurso administrativo ante la ANSeS, calificando la quita de las pensiones como un «error material» y argumentando que la resolución viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según Fernández Pastor, la decisión de retirar las pensiones es un acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo. Las pensiones en cuestión son las asignaciones mensuales vitalicias que Cristina Kirchner recibe por haber sido presidenta de la Nación y por ser viuda del ex presidente Néstor Kirchner.
Estas pensiones están amparadas por la Ley 24.018, sancionada durante la primera presidencia de Carlos Menem, que establece que los ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación reciben una asignación de carácter contributivo como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo.
La controversia comenzó cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el caso Vialidad.
Un día después de esta confirmación, la ANSeS anunció la suspensión de las pensiones, argumentando que las condiciones para recibir estos beneficios habían sido contradichas por la condena. En su recurso administrativo, Fernández Pastor solicitó la revocación de la resolución de la ANSeS y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados.
Argumentos
El abogado argumentó que el gobierno carece de competencias para eliminar estos beneficios, ya que considera que su pago es una «cosa juzgada material», es decir, que ya no puede ser revocada, modificada o sustituida.
La defensa de Cristina Kirchner también planteó que la decisión de la ANSeS fue arbitraria, ya que no se dio oportunidad a la ex presidenta para defender su posición. Según su parecer, el gobierno de Javier Milei buscó artilugios para llevar adelante una decisión que ya estaba tomada de antemano, revocando los derechos de Cristina Kirchner sin cumplir con los requisitos legales para permitir la defensa del administrado.
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