Los cuidados son la base invisible de nuestras sociedades y economías. Sin embargo, son un desafío sistemáticamente infravalorado y subfinanciado. Los servicios como la educación, la salud, el cuidado de niños y ancianos, se subvencionan con el tiempo y el trabajo de las mujeres.
Los servicios de cuidados carecen del financiamiento público necesario y están condicionados por las disparidades de género. Las mujeres, sobre todo las de comunidades pobres, migrantes y marginadas, siguen asumiendo la mayoría de las responsabilidades de cuidado, tanto de forma remunerada como no remunerada, sin el reconocimiento ni el apoyo adecuados. A pesar de su contribución esencial a las economías, el sector de los cuidados remunerados –allí donde las mujeres constituyen la mayoría en roles como la atención sanitaria, el trabajo doméstico y la educación infantil– está plagado de bajos salarios, malas condiciones laborales y mecanismos de protección social inadecuados.
Nuestros países se enfrentan a una paradoja: aunque son ricos en recursos naturales y humanos, carecen de los ingresos públicos necesarios para financiar sus propios recorridos hacia el desarrollo. Cada año, debido en gran parte al abuso fiscal de los ricos y las corporaciones multinacionales, el sur global pierde entre 500 mil millones y 1 billón de dólares en flujos financieros ilícitos.
La reforma integral del conjunto de normas fiscales globales obsoletas y quebradas es imperiosa. Por primera vez en la historia, todos los Estados miembros de la ONU se reúnen en pie de igualdad para negociar un sistema fiscal mundial más inclusivo bajo una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Este proceso se inició en 2023 gracias al liderazgo del Grupo Africano, con el apoyo de gran parte del G77, que comprendió la urgencia de este problema. Los apoyos han crecido para alcanzar a gran parte del mundo en desarrollo, entre los que se destacan muchos países de América Latina.
Cuando los gobiernos no pueden gravar eficazmente a los ricos y a las empresas multinacionales, compuestas desproporcionadamente por hombres, se centran en otros métodos impositivos mediante el aumento de impuestos regresivos tales como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) u otros impuestos similares sobre el consumo.
Además, muchos países del sur global siguen atrapados en ciclos de endeudamiento, obligados a priorizar los reembolsos sobre las inversiones en servicios públicos. La relación promedio entre la deuda y el PIB se sitúa en un alarmante 65%, lo que limita aún más la capacidad de financiar los servicios asistenciales y la protección social.
A nivel nacional, la tributación progresiva y los sistemas fiscales sensibles al género son políticas clave.
La reforma fiscal a nivel nacional es crucial, pero no puede llevarse a cabo en solitario. Las negociaciones para un tratado fiscal global jurídicamente vinculante que se retomarán a comienzos de agosto en Nueva York ofrecen una oportunidad histórica para arreglar el maltrecho sistema fiscal mundial. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional también representa un cambio de poder con respecto al sistema fiscal actual, desarrollado por los países más ricos del mundo en el marco de la OCDE, que ha fracasado sistemáticamente a la hora de producir normas fiscales mundiales eficaces e inclusivas.
Si queremos crear un sistema financiero mundial que promueva la igualdad de género, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional debe incluir consideraciones de género. De hecho, los países ya se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de sistemas fiscales con perspectiva de género. A principios de julio, en la IV Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo, acordaron en el documento final de la conferencia –el Compromiso de Sevilla– avanzar en la fiscalidad sensible al género y abordar los sesgos de género dentro de los sistemas fiscales. Aunque se trata de un importante paso adelante, el documento no es vinculante y ahora las delegaciones gubernamentales deben dar un paso adelante en las negociaciones fiscales de la ONU y mostrar su compromiso con la igualdad de género garantizando que este lenguaje se incluya en el Convenio Marco y en todas las disposiciones pertinentes.
En agosto, los países se reunirán en Nueva York para iniciar las negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU. El mensaje a los negociadores es claro: se necesita una Convención Fiscal de la ONU robusta para proporcionar el financiamiento que necesitan urgentemente los servicios públicos de asistencia. Un mundo mejor es posible, ahora los gobiernos deben mostrar la voluntad política de hacerlo realidad.
*Coordinadora de Género y Tributación de la Alianza Global para la Justicia Fiscal.