sábado, 30 agosto, 2025

Polémica de las empresas estatales: Carolina Moisés denuncia una maniobra para «repartirse el negocio»

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, expresó su «indignación» ante la aprobación del proyecto de ley que transforma las empresas estatales de la provincia en Sociedades Anónimas. En una dura crítica, la legisladora acusó al gobierno provincial de utilizar a la Legislatura para «legitimar una decisión que afecta los intereses de todos los jujeños y jujeñas».

Según Moisés, la nueva ley no es un simple cambio formal, como sostiene el gobernador Carlos Sadir, sino una medida que «le da carta blanca al gobierno provincial para que privatice todas las empresas del Estado, de manera parcial o total». La senadora destacó que lo más grave es que la norma faculta al Poder Ejecutivo a realizar esta privatización por decreto, sin necesidad de pasar por la Legislatura para cada caso.

Carolina Moisés mencionó que empresas como Cannava, Cauchari y el Tren Solar, así como la empresa de agua, podrían ser privatizadas. Calificó a estos proyectos como negocios que hasta ahora solo han servido para endeudar a los jujeños y jujeñas, y sospecha que el objetivo final es armar una «mesa de dinero» para que unos pocos se repartan las ganancias.

Embed – Carolina Moisés: «Se le da carta blanca al gobierno para que privatice las empresas del Estado»

Falta de transparencia y control

La senadora reforzó las críticas previas de la oposición, señalando que desde el inicio de la gestión de Gerardo Morales en 2015, se ha mantenido un sistema opaco con una total falta de transparencia. Según Moisés, los organismos de control del Estado no han cumplido su función. Esta situación, sumada al endeudamiento tomado en nombre de la provincia, crea un escenario propicio para que se concrete la privatización sin rendir cuentas a la ciudadanía.

La postura de Moisés coincide con la de diputados opositores, quienes previamente denunciaron que las empresas estatales no transparentan sus ingresos a pesar de recibir fondos millonarios del Tesoro provincial, y que el proyecto de ley es una «trampita» para evadir la fiscalización pública.

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