- El fiscal Regional Guillermo Beller dio detalles de la causa por la muerte de un preso.
- El hombre ingresó al Hospital Pablo Soria con el 80% de quemaduras en su cuerpo.
- Se abrieron dos investigaciones para determinar todas las circunstancias del caso.
El deceso de un hombre que se encontraba detenido en la Seccional Nº 61 del barrio El Chingo y que terminó internado en el Hospital Pablo Soria con el 80% de quemaduras en su cuerpo, abrió una doble investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación.
La primera es para determinar a ciencia cierta cuál ha sido la causal del deceso del hombre de 30 años que se produjo durante la mañana del pasado miércoles 31 de diciembre y la segunda, establecer si hubo alguna responsabilidad en la realización de los protocolos por parte del personal policial que debía velar por el cuidado del detenido.
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Seccional Nº 61 de barrio El Chingo.
En este sentido, el Ministerio Público de la Acusación brindó precisiones sobre la investigación en curso, remarcando que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que no se puede confirmar ninguna hipótesis hasta contar con los informes periciales definitivos.
El fiscal Regional Guillermo Beller explicó que el caso está caratulado provisoriamente con el objetivo de establecer las causales del deceso, sin adelantar figuras penales ni responsabilidades. En ese sentido, subrayó que no se hablará de homicidio, autolesión u otra calificación hasta que el médico forense determine la causa exacta de la muerte mediante la autopsia, prevista para el lunes a las 8.30.
Desde la fiscalía indicaron que el hombre llegó al Hospital Pablo Soria con quemaduras en el 80% de su cuerpo, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta su fallecimiento. El MPA ya incorporó el informe médico hospitalario y se encuentra a la espera del informe técnico del Cuerpo de Bomberos, que permitirá avanzar en la reconstrucción del hecho.
Beller señaló que, de acuerdo a las primeras evidencias recolectadas, no existen indicios que apunten a la intervención de terceros, aunque aclaró que ninguna hipótesis fue descartada y que la investigación será completa y exhaustiva.
En el marco de las medidas dispuestas, la fiscalía ordenó el secuestro preventivo de teléfonos celulares, libros de guardia, actas y documentación de la dependencia policial, con el fin de analizar el cumplimiento de los protocolos y el accionar del personal que tuvo intervención antes y después del episodio.
Asimismo, el fiscal confirmó que se investiga a todo el personal involucrado, tanto a quienes realizaron el traslado del detenido como a los efectivos que se encontraban de guardia en la seccional, aclarando que la continuidad laboral de los mismos depende del Ministerio de Seguridad y no del MPA.
En relación a la familia de la víctima, Beller informó que está prevista una entrevista directa, y que el Centro de Asistencia a la Víctima (CAP) ya tomó contacto con los allegados. Además, confirmó que un abogado se presentará como querellante y que la familia contará con un perito de parte durante la autopsia, lo que garantizará transparencia en el procedimiento.
Finalmente, el fiscal reiteró que el MPA tiene como objetivo esclarecer lo sucedido, determinar si se actuó conforme a los protocolos vigentes y establecer eventuales responsabilidades, remarcando que cualquier definición se realizará una vez concluidas las pericias clave.
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Foto: fiscal Regional Guillermo Beller.