- La Justicia Federal de Salta avanza en torno a la causa por trata exprés de adolescentes.
- Se extendió el plazo para la investigación hasta mayo del año 2026.
- Hasta el momento, se detectaron unas 33 víctimas.
La reciente desarticulación de una red de trata exprés en Salta volvió a poner en el centro de la escena una modalidad de explotación sexual de niñas y adolescentes que, según organizaciones especializadas, opera desde hace al menos cinco años y se ha vuelto más visible y violenta en los últimos meses. El caso encendió alertas en toda la región y reavivó comparaciones con una grave denuncia similar ocurrida en Jujuy, cuya investigación permanece estancada.
La llamada trata exprés se caracteriza por una captación rápida, generalmente en entornos escolares o de confianza, y una coacción directa sobre las víctimas. En Salta, la investigación federal logró importantes avances: ya se identificaron 33 víctimas, todas alumnas de colegios secundarios públicos y privados, de entre 12 y 17 años, y hay nueve imputados detenidos.
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Entre los acusados hay empresarios, un militar, un remisero señalado como fundador de la red y un jujeño reincidente, conocido como “Sugar Daddy”, quien se hacía pasar por “el tío” de algunas adolescentes para manipularlas y explotarlas sexualmente. La red operaba cerca de establecimientos educativos y utilizaba hoteles, alojamientos sobre la ruta 26 y viviendas particulares para consumar los abusos.
La causa, encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba, logró ampliar las imputaciones y extender el plazo de investigación hasta mayo de 2026, ante la magnitud del entramado delictivo. Ocho de los detenidos están imputados por trata de personas agravada por la minoridad, vulnerabilidad y cantidad de víctimas, cinco por asociación ilícita, y seis por tenencia y distribución de material sexual infantil. También se investigan hechos de abuso sexual, corrupción de menores y amenazas a las víctimas para evitar denuncias.
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Un rol clave en el avance del caso fue el acompañamiento psicológico a las adolescentes, que permitió detectar nuevas víctimas y reconstruir el funcionamiento de la red. Continúan las Cámaras Gesell, los peritajes a teléfonos celulares, transferencias bancarias y redes sociales, con intervención de la PROTEX y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En contraste, en Jujuy sigue sin resolverse una investigación iniciada en 2024 sobre una presunta red de explotación sexual de jóvenes y menores que operaría en hoteles y residenciales cercanos a la vieja terminal de ómnibus. La causa fue girada al fuero federal, aún sin avances públicos ni imputaciones confirmadas.
Vale mencionar que durante el inicio de esta investigación, la causa estuvo bajo la órbita del fuero local, donde se avanzó con algunas detenciones e imputaciones, pero al ser direccionado el caso al fuero federal muchos de esos avances quedaron estancados.
El avance del caso salteño dejó en evidencia no solo la extensión y crudeza del delito, sino también la necesidad de respuestas judiciales rápidas y coordinadas para evitar que estas redes sigan captando y descartando adolescentes, tal como describió la fiscalía: “cuando cumplían los 18 años, las desechaban”. La problemática, lejos de ser aislada, muestra un patrón que atraviesa provincias y exige una acción urgente del Estado para proteger a las víctimas y desarticular estas organizaciones criminales.