Al respecto el presidente de la institución, Miguel Amador, expresó que este control que se hizo público y sobre el cual el Instituto del Seguro de Jujuy, «está avanzando de manera unilateral, o al menos así lo interpretamos, genera una fuerte preocupación. Nos gustaría que se explique claramente cómo se está llevando adelante este control sobre lo que fue firmado en los distintos convenios con los prestadores y cuál es el criterio que se está aplicando».
Desde el Colegio de Profesionales Psicólogos de Jujuy hemos expresado nuestro posicionamiento a través de un comunicado de prensa, porque esta situación deja al descubierto las condiciones en las que hoy se particulariza la salud mental en San Salvador de Jujuy. Actualmente, una sesión psicológica, que tiene un tiempo mínimo de 45 minutos, está valuada por el Instituto entre 3.400 y 3.500 pesos. Ese es el monto mínimo que fija el ISJ.
Sin embargo, por decisión de la asamblea de nuestra institución, el valor ético y profesional de una sesión es de 30.000 pesos. Existe, por lo tanto, una brecha muy marcada entre lo que propone el Instituto y lo que realmente debería pagarse por una prestación de salud mental.
Esta diferencia expone claramente la situación crítica que atravesamos los profesionales del sector, frente a demandas cada vez mayores y a un trabajo que requiere tiempo, formación y responsabilidad. Además, entendemos que la forma en que se canaliza la comunicación desde el Instituto puede generar un conflicto entre el usuario y el prestador, cuando en realidad el camino debería ser otro.
Creemos que es necesario generar espacios de diálogo y consensos que permitan mejorar las prestaciones, elevar la calidad de atención para los usuarios y, por supuesto, garantizar una retribución justa para los profesionales.
Como Colegio, solicitamos un espacio de entrevista con el ministro de Hacienda con el objetivo de visibilizar esta situación. Si bien fuimos recibidos y se nos otorgó el lugar para el encuentro, lo cierto es que no obtuvimos respuestas concretas. Como Colegio, solicitamos un espacio de entrevista con el ministro de Hacienda con el objetivo de visibilizar esta situación. Si bien fuimos recibidos y se nos otorgó el lugar para el encuentro, lo cierto es que no obtuvimos respuestas concretas.
Uno de los puntos centrales que planteamos tiene que ver con la actualización de los montos. La última actualización que hemos podido identificar fue hace más de seis meses. Incluso en ese momento, el valor acordado ya era bajo. Nos preguntamos entonces por qué no se puede negociar un número más cercano a lo que realmente corresponde por una prestación profesional.
Esta problemática no es exclusiva de nuestro Colegio: observamos que, en general, los distintos colegios profesionales terminan acordando valores por debajo de lo que deberían cobrar. Frente a esto surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se puede avanzar en acuerdos con montos más altos? ¿Qué es lo que sucede con la obra social?
Desde el Instituto lo que se nos comunica es que los valores que fijan son los que consideran que pueden sostener y adaptar al contexto actual. Por nuestra parte, como colegios profesionales, definimos a comienzos de cada año —a través de asambleas y con una participación muy activa de los profesionales— una nomenclatura que establece el valor de la sesión. Ese valor constituye nuestro marco de referencia ético y profesional para negociar con las obras sociales.
En el caso del Instituto de Seguros de Jujuy, formalmente no se nos brinda una explicación clara de por qué no es posible acercarse al valor ético mínimo sugerido, que hoy es de 30.000 pesos. Más aún cuando existen otras obras sociales que sí logran aproximarse a ese monto.
La respuesta que recibimos es que la situación contextual y económica de la provincia dificulta afrontar esos valores. Frente a ese escenario, desde el Colegio también hemos asumido el compromiso de seguir trabajando, generando instancias de diálogo y propuestas que permitan avanzar hacia un sistema más justo, que garantice tanto la sostenibilidad de la obra social como condiciones dignas de trabajo para los profesionales y una atención de calidad para los usuarios, finalizó Amador.