- Avanza la investigación por el caso de menores que planificaban ataques contra escuelas.
- Uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca.
- La Justicia cree que los adolescentes fueron radicalizados por otra persona para cometer estos actos.
La Justicia Federal avanza en la investiga en un grave y complejo caso que involucra a dos adolescentes menores de 16 años, uno de ellos con residencia en Jujuy, señalados como presuntos partícipes de conversaciones en redes sociales donde se hablaba de un posible ataque armado contra un establecimiento educativo.
Según la hipótesis central del Ministerio Público Fiscal, los adolescentes —entre ellos el joven vinculado a La Quiaca— podrían haber sido captados por personas mayores de edad, quienes habrían impulsado un proceso de radicalización progresiva, con la intención de instrumentalizarlos para la eventual comisión de hechos de extrema gravedad. De concretarse, estas acciones podrían haber puesto en serio riesgo la seguridad pública, especialmente en ámbitos sensibles como el educativo.
La causa está en manos de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, y representa el primer antecedente en la jurisdicción bajo el sistema acusatorio vigente desde abril de 2025 en el que se investiga a menores no punibles por hechos de esta magnitud.
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A instancias del Ministerio Público Fiscal, el pasado 30 de enero se realizaron allanamientos, entre ellos en la ciudad de La Quiaca, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa. Los procedimientos fueron ejecutados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.
La investigación se inició tras un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), remitido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que alertaba sobre intercambios en una red social donde se mencionaba la planificación de una supuesta “masacre” en una escuela “llena de niños”, además de referencias a armas, prácticas de tiro y violencia extrema.
En los mensajes también se detectaron discursos de odio y expresiones discriminatorias contra distintos grupos sociales, raciales y religiosos, así como menciones a autores de tiroteos escolares ocurridos en el extranjero, lo que encendió las alarmas de las agencias de seguridad.
Por tratarse de menores de edad, antes de los allanamientos se realizó una audiencia unilateral multipropósito, en la que el juez de Garantías Santiago Inchausti autorizó las medidas solicitadas y dispuso la intervención inmediata de la Asesoría de Menores, a fin de garantizar los derechos y garantías constitucionales de los adolescentes involucrados.
En esta etapa preliminar, los hechos investigados podrían encuadrar en delitos contra el orden público y en la ley de actos discriminatorios, sin descartar otras líneas de investigación, incluida una posible arista patrimonial vinculada al financiamiento de este tipo de actividades.
Desde el MPF remarcaron que se adoptaron medidas urgentes de prevención, no solo para avanzar en la investigación, sino también para evitar cualquier hecho violento en curso y interrumpir eventuales procesos de radicalización, especialmente cuando involucran a jóvenes en situación de vulnerabilidad.