En las últimas horas, crecieron las versiones sobre la supuesta detención de al menos un efectivo policial que habría tenido una participación activa en los desbordes ocurridos durante la madrugada del martes en las inmediaciones de Casa de Gobierno.
De acuerdo a datos obtenidos de manera extraoficial, el procedimiento habría sido llevado a cabo por personal de la división de Delitos Complejos. La intervención de esta unidad especial sugiere que la investigación no solo busca daños materiales superficiales, sino que apunta a determinar responsabilidades mayores en la organización de los incidentes.
La rapidez con la que se habría movido la Justicia para identificar y proceder a la detención de un par de la propia fuerza refuerza la postura de «tolerancia cero» que emana desde la Casa de Gobierno.
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Esta celeridad judicial buscaría desalentar nuevas acciones directas por parte de los manifestantes, en un clima donde la desconfianza entre los efectivos de calle y las unidades de investigación empieza a fracturar la interna de la institución.
Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ni de la cúpula policial, pero el rumor del arresto ya circula con fuerza entre las familias y efectivos que mantienen la permanencia en el centro capitalino.
Investigaciones bajo reserva
Fuentes cercanas al caso indican que todo es materia de investigación, y que la utilización de registros fílmicos de alta resolución habría sido clave para que el personal de Delitos Complejos pudiera identificar a los supuestos autores. Se estima que, de confirmarse este procedimiento, podrían registrarse nuevas medidas similares en las próximas horas, mientras se busca determinar si hubo una premeditación organizada detrás de los ataques al vallado perimetral.
Mientras tanto, el hermetismo es total. La detención —de confirmarse— marcaría un antes y un después en la negociación salarial, trasladando el foco de la discusión desde las planillas de sueldos hacia los pasillos de las comisarías y fiscalías por delitos contra la institucionalidad.