El conflicto salarial con las fuerzas de seguridad dio un giro hacia los tribunales. Luego de una noche de máxima tensión en las puertas de la Casa de Gobierno, el Ejecutivo provincial decidió romper el silencio con una postura de extrema dureza: radicó una denuncia penal contra quienes encabezaron los desmanes el lunes por la noche.
La respuesta de la Justicia no se hizo esperar. Fuentes oficiales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que se ha iniciado una investigación de oficio para determinar las responsabilidades materiales de los ataques contra la institución.
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Según trascendió, ya existirían personas debidamente identificadas gracias al registro de cámaras de seguridad y registros fílmicos de los incidentes, donde se observó el retiro de vallas perimetrales y el uso de pirotecnia de alto poder.
Lo que llamó la atención a los protestantes, es la rapidez con la que en este caso se activaron los servicios de la Justicia en este caso.
El foco en la «premeditación»
Para el Gobierno, lo sucedido en la madrugada del martes no fue un desborde espontáneo. En un comunicado que busca marcar la cancha política, las autoridades denunciaron que los actos de vandalismo y caos fueron ejecutados por sectores que carecen de «representatividad» y que actuaron con premeditación.
Desde los despachos oficiales aseguran que no permitirán que intereses minoritarios pongan en jaque la paz social, un activo que el oficialismo intenta blindar frente a la creciente conflictividad estatal.
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A pesar de la gravedad de los hechos, el dato que hoy genera un respiro en la seguridad provincial proviene del propio MPA. Los investigadores resaltaron que, afortunadamente, los tensos momentos vividos en el corazón de la ciudad no derivaron en un enfrentamiento directo entre elementos de las fuerzas de seguridad.
Se destacó la disciplina de quienes custodiaban el edificio gubernamental frente a la presión de sus propios camaradas y familiares que encabezaban el reclamo. «Todo es materia de investigación, pero se evitó lo peor: el choque entre pares», confiaron fuentes cercanas a la causa.
¿Qué sigue en la Justicia?
La investigación de rigor se centrará ahora en el análisis de las pruebas para aplicar las sanciones pertinentes. Mientras la mesa de diálogo salarial intenta rearmarse, la sombra de la judicialización planea sobre los manifestantes.