El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados avanzó con una maniobra para restringir la participación en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, dejando en evidencia el carácter antidemocrático del tratamiento de una norma clave para el ambiente.
Según trascendió, de las decenas de miles de personas inscriptas —más de 50 mil— solo unas 200 podrán exponer de forma presencial o virtual, mientras que el resto deberá limitarse a presentaciones escritas o en video.
Una participación masiva que el gobierno intenta limitar
La masividad de las inscripciones expresa el enorme interés social que despierta la reforma. Días atrás ya se registraban decenas de miles de anotados para participar en las audiencias previstas para el 25 y 26 de marzo, lo que había generado pedidos para ampliar los tiempos de debate.
Sin embargo, lejos de garantizar una discusión amplia, el oficialismo opta por restringirla. La decisión confirma una orientación clara: avanzar con cambios de fondo en la legislación ambiental reduciendo al mínimo la intervención popular.
Las audiencias públicas son un derecho consagrado en la Ley General del Ambiente y también en el Acuerdo de Escazú. En este caso particular, además, adquieren una importancia especial: por su nivel de participación, pueden romper el cerco mediático y convertirse en un hecho histórico para el país. Aún hay tiempo para inscribirse hasta el 20 de marzo a las 19 hs.
En teoría, las audiencias son un mecanismo de participación ciudadana que debería garantizar transparencia e igualdad en el acceso a la discusión de políticas públicas. Sin embargo, en este caso, se transforman en un trámite formal vacío. El propio método de participación que propone el gobierno —que obliga a subir un video a YouTube en lugar de habilitar instancias reales de debate— limita el intercambio y vacía de contenido los canales institucionales.
Reforma ambiental al servicio del extractivismo
La ley vigente protege a los glaciares como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades contaminantes como la minería o la explotación hidrocarburífera en esas zonas.
Sin embargo, el proyecto impulsado por el gobierno apunta a flexibilizar esas restricciones, habilitando negocios extractivos en áreas hoy protegidas. Esto implicaría un retroceso ambiental profundo y pondría en riesgo recursos vitales.
No es un hecho aislado: forma parte de una política más general orientada a abrir la economía a los grandes capitales, incluso a costa del deterioro ambiental y de los bienes comunes.
Un método: ajuste, entrega y recorte democrático
La maniobra para limitar las audiencias no solo afecta el debate ambiental, sino que expone un método de gobierno:
- tratamiento exprés de leyes sensibles
- restricción de la participación popular
- decisiones al servicio de intereses empresariales
Cuando la participación social crece, el gobierno responde recortándola.
Defender los bienes comunes con organización y lucha
La discusión por la Ley de Glaciares se trata de decidir si los recursos estratégicos, como el agua, quedan bajo resguardo social o se entregan al negocio de las grandes corporaciones.
Frente a este intento de avanzar a espaldas de la población, se vuelve necesario fortalecer la organización y la movilización para frenar una reforma regresiva, como plantea la Campaña de Ley de Glaciares no se toca.
Porque no se trata solo de defender una ley, sino de enfrentar un modelo que combina ajuste, saqueo ambiental y recorte de derechos democráticos.