Se revisan los procedimientos ante sospechas de corrupción en administraciones recientes, la actuación de los organismos de control y el contexto del fallo sobre YPF.
En el ámbito de la administración pública, es común que ante sospechas de irregularidades, los funcionarios sean separados transitoriamente de sus cargos para que aclaren su situación. Este procedimiento fue aplicado en agosto de 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, quien apartó de su función al entonces titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, tras denuncias por supuestos actos de corrupción y contrabando.
Recientemente, la atención pública se centró en el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se difundiera en redes sociales un viaje de su esposa en el avión presidencial. El caso derivó en una investigación por posibles delitos de dádivas y enriquecimiento ilícito, convirtiéndose en el más alto funcionario del gobierno actual en ser investigado por la justicia.
Durante la gestión de Cambiemos, se implementó una medida que prohibía a ministros y funcionarios de alto rango nombrar a familiares en el gobierno, una norma que fue eliminada al asumir la actual administración. Además, ese gobierno realizó auditorías a través de organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción, presentando denuncias judiciales cuando detectaba irregularidades, como ocurrió con la causa en Vialidad que involucró a exfuncionarios kirchneristas.
En contraste, el gobierno actual ha realizado pocas denuncias formales contra administraciones anteriores, a pesar de las fuertes declaraciones públicas de sus integrantes. Exfuncionarios han señalado la detección de irregularidades en algunas áreas durante el traspaso de gobierno, aunque no se han materializado en presentaciones judiciales contra figuras centrales del gobierno saliente.
Recientemente, se oficializó la salida de Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción, quien fue reemplazado por la jueza Gabriela Zangaro. Melik había sido cuestionado por la oposición por su actuación en el caso LIBRA. Este cambio reactiva el debate sobre el rol y la efectividad de un organismo anticorrupción dentro del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el juicio por la estatización de YPF, que exime al Estado argentino de pagar alrededor de 18.000 millones de dólares, genera un respiro en la agenda gubernamental. El tribunal no avaló la expropiación del 51% de las acciones a Repsol realizada durante la gestión del entonces ministro Axel Kicillof, y remitió la definición del conflicto con los accionistas minoritarios al sistema jurídico argentino.