martes, 31 marzo, 2026

Fiscalía solicita datos migratorios de Manuel Adorni y otras personas para una investigación

El fiscal Gerardo Pollicita pidió acceder a los registros de viajes del jefe de Gabinete y otras personas desde 2023, para cruzarlos con información de vuelos privados en investigación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos. El objetivo es reconstruir sus desplazamientos dentro y fuera del país en los últimos años.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y contempla el acceso a registros migratorios completos, así como el cruce de información vinculada a vuelos bajo análisis. En ese sentido, la fiscalía solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que remita la totalidad de los registros de egresos y reingresos al país de Adorni desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad. El pedido incluye fechas, horarios, pasos fronterizos, medios de transporte y toda otra constancia disponible.

La medida también alcanza al periodista Marcelo Grandío, así como a otras personas que habrían participado en los vuelos investigados, entre ellas Bettina Julieta Angeletti, con especial foco en los desplazamientos realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si existen patrones de viaje compartidos. Para ello, se pidió cruzar los datos migratorios con el fin de establecer coincidencias en destinos, fechas y acompañantes, lo que podría aportar elementos relevantes para la causa.

Además, el fiscal solicitó identificar a los agentes que intervinieron en la carga y validación de los registros migratorios, incluyendo información técnica como usuario, área, fecha, hora e IP, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los datos.

En paralelo, se requirió la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y se solicitó información a la firma JAG Executive Aviation S.A. sobre comunicaciones y documentación vinculada a los vuelos analizados. La causa se inició a partir de un viaje a Punta del Este en un vuelo privado durante el feriado de Carnaval, cuyo costo habría sido abonado por terceros.

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