Un listado de funcionarios y legisladores que accedieron a préstamos hipotecarios UVA del Banco Nación generó repercusiones políticas y judiciales, con pedidos de informes y una revisión interna en el Gobierno.
Un listado de funcionarios públicos, asesores del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales que accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA) se encuentra en el centro de un debate en los últimos días. La información, surgida de cruces de datos de la Central de Deudores y presentaciones judiciales, puso bajo análisis el otorgamiento de préstamos UVA de alto monto en la banca pública.
El impacto político del caso llevó a que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitara la renuncia de Leandro Massaccesi a su cargo de Jefe de Gabinete del área, en el marco de una revisión interna de responsabilidades administrativas tras la difusión del listado.
El eje del debate se centra en la combinación entre cargos sensibles del Estado, niveles de endeudamiento elevados y posibles consideraciones éticas vinculadas a la función pública. La controversia no se limita a la existencia de los créditos, sino a la magnitud de los montos otorgados en relación con los perfiles de ingresos y jerarquía funcional de algunos beneficiarios.
En varios casos, los préstamos fueron otorgados bajo el esquema UVA, que ajusta el capital por inflación y permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad para empleados del sector público. Esto generó cuestionamientos sobre si el sistema presenta ventajas estructurales para funcionarios frente a otros solicitantes.
La difusión del listado derivó en pedidos de informes legislativos y denuncias judiciales que buscan determinar si se respetaron los criterios técnicos de evaluación crediticia, si hubo intervención de autoridades políticas en casos específicos y cómo se justifican los niveles de endeudamiento aprobados. También se investiga si los beneficiarios fueron tratados como personas políticamente expuestas (PEP).
Desde el Banco Nación sostienen que el sistema es automatizado, sin discrecionalidad política, y se basa en la capacidad de pago, ingresos formales e historial crediticio. Argumentaron que los salarios depositados en la propia banca pública fortalecen el ‘scoring’ de los solicitantes, lo que explicaría parte de las aprobaciones.