Luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York anulara la sentencia de primera instancia contra el país por la expropiación de YPF, los demandantes anunciaron que recurrirán al CIADI, un tribunal donde Argentina tiene un historial desfavorable.
Argentina tuvo a fines de marzo un alivio en el frente judicial externo, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia por US$16.100 millones de primera instancia contra el país en el juicio por la expropiación de YPF. Sin embargo, los demandantes confirmaron que su estrategia judicial para revertir esa decisión incluye una nueva instancia en EE.UU. y una presentación ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
Tras el fallo que benefició a la Argentina, la estrategia que buscarán desplegar los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, revivió el interés en uno de los foros de resolución de conflictos comerciales del que la Argentina llegó a ser el país de la región más demandado por inversores, principalmente por empresas de Europa y EE.UU.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es el tribunal arbitral del Banco Mundial que interviene en conflictos entre el Estado y los inversores extranjeros. Está habilitado por los tratados de inversión bilaterales, que en su mayoría la Argentina firmó en la década del 90, y permite que las empresas extranjeras accionen contra el Estado por incumplimientos varios en contratos de concesión, privatizaciones o, como en YPF, la expropiación.
Desde 2003, el CIADI concentra la gran mayoría de los litigios contra el Estado argentino. En concreto, el 94% de las demandas internacionales contra el país se presentaron ante ese tribunal. Hasta 2025, la Argentina lideraba el ranking de los países con 65 demandas en su contra. En la actualidad fue desplazado del primer puesto por Venezuela. Ambos países representan casi un tercio de las 415 demandas contra América Latina y el Caribe, según un informe de la asociación Transnational Institute.
De acuerdo con los datos del CIADI procesados por Transnational Institute, hasta el año pasado el Estado argentino perdió el 86% de los casos presentados en ese tribunal en su contra y tiene laudos en contra por US$10.046 millones. Pero esas condenas del tribunal arbitral no son ejecutables. Los beneficiarios tienen que recurrir a la Justicia para ser reconocidos como acreedores y obtener una orden para cobrar mediante embargos en caso de que el país no pague. Eso hace que haya fallos del CIADI contra la Argentina de 2006 o 2009 que todavía aparecen como pendientes.
En todo el proceso, además, hubo algunos acuerdos de compensación para cerrar el litigio. El reporte del Transnational Institute contabilizó 65 casos iniciados contra la Argentina desde 1997. El mayor pico de litigios se registró tras el fin de la convertibilidad: el país recibió 47 demandas entre 2002 y 2007. En ese período, 2003 fue el año de mayor actividad, con 20 reclamos iniciados. De ese total, el 51% se definió con un laudo a favor de las empresas, el 35% terminó por un acuerdo entre las partes y solo el 12% finalizó con una sentencia favorable al Estado argentino. El 2% restante no tuvo resolución de ningún tipo.
Aunque todavía no se conoce la estrategia con la que Burford intentará reflotar su demanda por la expropiación de YPF en ese foro, Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro, consideró factible que elijan basarse en el tratado bilateral de inversión que el gobierno de Menem firmó con España en 1991, un año antes de que su gobierno privatizara la petrolera estatal. Por la estatización del 51% de las acciones de YPF, ya hubo una presentación en el CIADI. Repsol recurrió a esa instancia. El proceso fue cerrado en 2014 tras el acuerdo de compensación por US$5.000 millones que estableció el gobierno de Cristina Kirchner para la empresa española.
Si bien la mayoría de los casos se iniciaron hace más de una década, aún la Argentina tiene varios frentes abiertos en el CIADI. En ese contexto, la empresa francesa SAUR Internacional presentó una demanda ante la Justicia de EE.UU. en busca de que reconozca un fallo del CIADI de 2014 por la rescisión del contrato de concesión de Obras Sanitarias Mendoza (OSM). El monto equivale a US$40 millones más 6% anual desde el momento del fallo, indicó Sebastián Marril, de Latam Advisors.
En tanto, el país tiene desde 2019 un laudo en contra en el CIADI que fue ratificado por la justicia estadounidense por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. El pago, entre capital e intereses, asciende a unos US$390 millones. Si bien en un momento se anunció un acuerdo entre la Argentina y los acreedores, el fondo Titan Consortium, finalmente el país decidió proseguir con la apelación del fallo de ejecución.
Además, el CIADI condenó a la Argentina a pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá; y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario-Victoria. Otro caso es el de la empresa Mobil Exploration, que tiene un laudo a favor en el CIADI por US$196 millones. La petrolera también reclamó por los perjuicios que generó la pesificación sobre sus negocios gasíferos.