Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, reconoció que omitió registrar propiedades en Estados Unidos en sus declaraciones juradas. También es titular de dos empresas en ese país no declaradas. Una denuncia penal ya fue presentada.
El secretario de Coordinación de Infraestructura del Gobierno nacional, Carlos Frugoni, admitió que adquirió siete departamentos en Miami sin registrarlos en sus declaraciones juradas como funcionario público ni ante la ARCA. «Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA», declaró al diario Clarín.
Además del patrimonio inmobiliario no declarado en el exterior, Frugoni confirmó ser titular de dos empresas en Estados Unidos: Genova LLC y Wiki LLC, radicadas en Wyoming y Delaware, tampoco incluidas en su presentación de bienes.
Frugoni ocupa desde principios de año un puesto de alta sensibilidad dentro del Gobierno de Javier Milei: es el encargado de coordinar licitaciones y concesiones de obra pública financiada por el Estado Nacional, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo. También tiene a su cargo la regulación del transporte público y la negociación de los millonarios subsidios a colectivos del AMBA, además de la gestión del sistema ferroviario.
Las propiedades en Florida fueron adquiridas principalmente entre 2020 y 2022, cuando el funcionario se desempeñaba como titular de AUSA, la empresa de autopistas porteñas, con participación en proyectos como el Paseo del Bajo.
El legislador Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia penal en tribunales federales solicitando que se investigue a Frugoni por posibles delitos de violación a la Ley de Ética Pública, lavado de dinero, evasión agravada y negociaciones incompatibles con la función pública. La reacción del Gobierno fue ratificar a Frugoni en su cargo.
No es la primera vez que Frugoni enfrenta señalamientos por irregularidades patrimoniales: durante su gestión en AUSA fue sancionado por omisión en sus declaraciones de bienes. El funcionario sostiene que su patrimonio en dólares proviene de actividades privadas y que puede justificar el origen de los fondos. La Justicia federal deberá determinar si la omisión reiterada de bienes en el exterior constituye un delito o, como sostiene el implicado, un simple error en proceso de corrección.