El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación frente al Congreso en marzo de 2025.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación frente al Congreso de la Nación Argentina en marzo de 2025.
De acuerdo al requerimiento, el efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina actuó de manera “desproporcionada e irracional”, incumpliendo los protocolos que regulan el uso legítimo de la fuerza y del armamento. Para la fiscalía, su accionar generó “un peligro concreto para la vida e integridad física” de los manifestantes.
La investigación determinó que el 12 de marzo de 2025, en el marco de una protesta en defensa de los jubilados, Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanza gases entre las 17.05 y las 17.25, sin que existiera una agresión que justificara su accionar. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba tomando fotografías a unos 47 metros de distancia.
El reportero fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, lo que derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas y graves secuelas neurológicas. El fiscal imputó al gendarme por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado en cinco hechos.
En su dictamen, Eduardo Taiano sostuvo que el acusado “ejerció abusivamente las potestades inherentes a su cargo” y que actuó con pleno conocimiento de que estaba infringiendo las normas. Además, remarcó que no respetó los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
El pedido de juicio oral se apoya en peritajes, informes técnicos y material audiovisual que, según la fiscalía, confirman la autoría del gendarme. También se tuvo en cuenta su formación y experiencia dentro de la fuerza, lo que descarta cualquier desconocimiento de los protocolos vigentes.
En ese sentido, el fiscal destacó que el manual del arma utilizada establece que los disparos deben realizarse en forma oblicua hacia el suelo y nunca directamente hacia personas, debido al riesgo de causar lesiones graves o incluso la muerte.
El caso ahora quedará en manos de la Justicia, que deberá definir la fecha del juicio oral en un expediente que vuelve a poner el foco en el accionar de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas.