Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los precios de los servicios públicos y el transporte registraron incrementos que superan el 280% de inflación acumulada hasta marzo de 2026. El rubro transporte público lidera las subas con un salto del 996%, seguido por la energía con un promedio del 591%.
Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los precios de los servicios públicos y el transporte registraron incrementos que superan el 280% de inflación acumulada hasta marzo de 2026. El rubro transporte público lidera las subas con un salto del 996%, seguido por la energía con un promedio del 591%.
Estos datos surgen de informes técnicos del IIEP-UBA y el INDEC sobre la recomposición de precios relativos. El transporte público se consolidó como el sector con mayor encarecimiento real, subiendo casi cuatro veces más que el nivel general de precios. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios, esto se debe a la quita de subsidios nacionales a las provincias. En el interior del país, ciudades como Rosario y Córdoba ya implementaron una tarifa básica de $1.720 para el colectivo.
En Jujuy, se registró un incremento acumulado del 377,36% en el ámbito urbano, elevando el costo del boleto en San Salvador de $266,56 en enero de 2024 a $1.272,44 en marzo de 2026. Las tarifas de luz, gas y agua aumentaron en promedio un 461% durante los primeros dos años de gestión. El gas natural registró la suba más agresiva, alcanzando un 766% para usuarios de altos ingresos o sin subsidio.
Para mayo de 2026, la Secretaría de Energía dispuso un aumento extraordinario del subsidio al gas, elevando la bonificación al 75%. Esta medida sería una estrategia para evitar que el IPC de este mes muestre un rebrote indeseado. Por su parte, la energía eléctrica acumuló un alza del 370%, mientras que el servicio de agua subió un 366%. Un hogar promedio destinaría actualmente unos $112.532 mensuales solo para cubrir la canasta básica de servicios.
La Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza, alcanzó en marzo los $1.434.464 para una familia tipo. Este valor aumentó un 290% desde el inicio de la gestión, moviéndose en sintonía con la inflación general. En contraste, el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió un deterioro marcado. El promedio salarial total cayó un 8,9% en términos reales hasta abril de 2026, según datos del INDEC y consultoras privadas. El sector más afectado fue el de los empleados públicos, con una pérdida real de sus ingresos cercana al 18,3%. Esta licuación salarial habría sido el principal mecanismo utilizado para reducir el gasto primario del Estado.