El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que implica un recorte de casi $2,5 billones, afectando especialmente a educación, universidades y programas sociales, en el marco de la política de austeridad fiscal.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que implica un recorte de casi $2,5 billones, lo que representa aproximadamente un 1,6% del total presupuestario. La medida, instrumentada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, establece una fuerte poda en las partidas destinadas a educación y universidades, en la antesala de la marcha federal universitaria programada hacia Plaza de Mayo.
De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno recortó más de $78.768 millones en programas dependientes de la Secretaría de Educación. El impacto más severo se registró en el Plan Nacional de Alfabetización, el cual perdió $35.288.051.713, afectando de manera directa las transferencias que la Nación realiza a las provincias para su implementación. Asimismo, la administración nacional decidió eliminar el Fondo de Compensación Salarial Docente, que contaba con una partida de $8.929.835.294 destinada a equilibrar los salarios mínimos de los docentes en las distintas jurisdicciones provinciales. En cuanto a la infraestructura escolar y el equipamiento, la reducción alcanzó los $21.686.636.818.
Las universidades nacionales también sufrieron el impacto del ajuste con una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. Según los anexos oficiales, trece casas de altos estudios resultaron afectadas, destacándose la Universidad Nacional de La Plata con un recorte de $1.043.000.000, seguida por las universidades de General San Martín y Avellaneda, con $700.000.000 cada una. Por otro lado, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió una merma de $6.649.536.538, lo que incluyó una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles. Además, la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000.
La norma, que lleva las firmas de Manuel Adorni y Luis Caputo, también establece cambios en la Anses. Se incrementó en $500.000 millones el techo para la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional, elevando el límite a $712.288 millones. A su vez, se incorporaron $162.000 millones destinados a financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de dicho organismo. El ajuste global busca reforzar la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este contexto, el recorte más significativo se aplicó en Obligaciones del Tesoro Nacional, con una baja de $1,47 billones en asistencias financieras relacionadas con subsidios y tarifas. También se registraron mermas en programas de salud, como la prevención y tratamiento del cáncer, y en obras de infraestructura vial.
La readecuación presupuestaria confirma la continuidad de la política de austeridad fiscal del Gobierno nacional sobre sectores clave de la administración pública.