La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictaminó que el deceso de Melín Sartori, de 24 años, ocurrido en 2021, estuvo vinculado a la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V. El Estado nacional deberá pagar una indemnización de 95 millones de pesos a la madre de la víctima.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictaminó que el deceso de Melín Sartori, una joven de 24 años ocurrida en 2021, estuvo directamente vinculado a la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V. El tribunal resolvió que el Estado nacional deberá pagar una indemnización de 95 millones de pesos a la madre de la víctima, tras comprobarse que la inoculación desencadenó un cuadro fatal de trombosis con trombocitopenia.
El fallo fue dictado por la Sala A del tribunal cordobés, con las firmas de los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos. La resolución judicial respaldó el reclamo de María Virginia Ruiz, madre de la joven, quien inició las acciones legales tras la pérdida de su hija, acontecida 14 días después de recibir la dosis contra el covid-19.
El desarrollo del cuadro clínico
De acuerdo con las constancias del caso, el hecho se inició el 15 de julio de 2021, cuando la joven recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Seis días después de la colocación, comenzó a presentar síntomas severos como dolor de cabeza y vómitos, lo que motivó su internación inmediata.
El cuadro médico de la paciente evolucionó hacia una trombosis con trombocitopenia, una afección que le produjo un deterioro neurológico irreversible y causó su muerte. Ruiz, quien es médica de profesión, denunció la situación ante la sospecha inicial de que la dosis aplicada pudiera pertenecer a un lote contaminado.
Informes científicos y falta de controles
Un elemento determinante para la decisión de la Justicia Federal fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). Este organismo oficial revisó las pruebas y, en base al consenso científico internacional, reconoció formalmente el nexo causal entre el fármaco y el daño de la joven.
Por su parte, el abogado de la familia, Martín Barbará, fundamentó que el producto de origen ruso no contaba con una farmacovigilancia adecuada al momento de su implementación para detectar y evaluar las reacciones adversas. El letrado calificó la campaña como un proceso novedoso que carecía de estándares claros y procedimientos rápidos para canalizar este tipo de denuncias.
El dictamen judicial de la Cámara de Córdoba establece un precedente inédito en el país respecto a las consecuencias legales y sanitarias derivadas de la campaña de inmunización contra la pandemia.