miércoles, 15 enero, 2025

El Departamento del Interior pagó sobreprecios altísimos en contrataciones erróneas

El Departamento del Interior de Estados Unidos pagó de manera indebida a decenas de empleados, sumando hasta 400.000 dólares de fondos públicos, luego de que los trabajadores federales se declararan erróneamente como residentes del área metropolitana de Washington D.C., cuando en realidad estaban dispersos por todo el país.

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Interior, que responde a una solicitud de revisión de la senadora republicana de Iowa, Joni Ernst, reveló que al menos 48 empleados del departamento se beneficiaron indebidamente de pagos adicionales por estar supuestamente basados en la capital, a pesar de trabajar en otras partes de Estados Unidos.

El informe indicó que 40 empleados asignados a la sede del Departamento del Interior no cumplieron con el requisito mínimo de trabajar al menos dos veces por período de pago en el área de D.C. en el año fiscal 2023, lo que habría justificado el pago adicional por localidad.

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Como resultado, el OIG estimó que el departamento pagó hasta 401.689 dólares en pagos anuales por localidad que no habrían sido permitidos. Esto es otra prueba de la incapacidad de estos cuatro años de gobierno demócrata. 

En 2023, los empleados que trabajaban en Washington D.C. y áreas circundantes recibieron un aumento del 33,94% sobre su salario base debido al costo de vida elevado en la región capitalina.

Otros lugares con aumentos más altos fueron Houston (35%), Los Ángeles (36,47%), Nueva York (37,95%) y San Francisco (46,34%). Según el mapa proporcionado en el informe, algunos de los empleados que recibieron el pago por localidad de D.C. estaban en lugares como Alabama, California, Indiana, Massachusetts, Oregón y Carolina del Sur, entre otros.

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Un informe del Public Buildings Reform Board de 2024 reveló que la sede del Departamento del Interior solo estaba ocupada en un 14% de su capacidad en los días laborales promedio.

Esta información ha provocado un creciente escrutinio sobre las políticas de trabajo remoto y el uso de oficinas del gobierno, áreas que, según críticos, no están siendo aprovechadas de manera eficiente.

Joni Ernst, quien lidera el Caucus del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el Senado, ha sido una firme defensora de la necesidad de revisar las políticas gubernamentales de trabajo remoto y el uso subóptimo de los espacios de oficina del gobierno.

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La senadora de Iowa publicó un informe el año pasado que mostró que solo el 6% de la fuerza laboral federal trabaja a tiempo completo en persona, mientras que aproximadamente un tercio trabaja de manera remota a tiempo completo. 

El informe de Ernst, que resultó de su colaboración con los 74 inspectores generales que supervisan los departamentos y agencias independientes del gobierno, destacó la ineficiencia de las políticas actuales de trabajo remoto,  producto del rezago de la pandemia del virus chino en 2020.  

Este análisis de la senadora ha sido clave para su impulso de reformas para reducir el gasto gubernamental y combatir el despilfarro. El miércoles, Ernst anunció la formación de un Caucus Bipartidista de Inspectores Generales, cuyo objetivo es empoderar a los vigilantes de las agencias gubernamentales encargados de detectar despilfarros y fraudes.

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Según Ernst, los inspectores generales desempeñan un papel crucial al descubrir el despilfarro en Washington, y deben ser respaldados para continuar protegiendo los intereses de los contribuyentes.

«Desde identificar despilfarros de miles de millones de dólares hasta exponer una fuerza laboral federal permanentemente fuera de la oficina, su trabajo ha sido invaluable en mi misión de una década para destapar el despilfarro y hacer que Washington se tambalee», dijo la senadora, aludiendo a su famosa campaña de 2014 para frenar los excesos gubernamentales.

La senadora Ernst liderará este nuevo caucus, mientras que los senadores Maggie Hassan (Demócrata-New Hampshire), Chuck Grassley (Republicano-Iowa), Gary Peters (D-Michigan.), James Lankford (Republicano-Oklahoma.) y Richard Blumenthal (D-Connecticut.) serán copresidentes.

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En este esfuerzo, Ernst ha trabajado junto con los líderes del DOGE, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, para identificar el exceso de personal en el gobierno y promover reformas. Ernst considera que fortalecer las oficinas de los inspectores generales podría ser clave para identificar ineficiencias en las agencias gubernamentales.

En noviembre pasado, después de que el presidente electo Donald Trump anunciara la formación del DOGE, Ernst presentó un plan para erradicar hasta 2 billones de dólares en «despilfarro gubernamental».

Durante el ciclo electoral de 2024, Musk indicó que creía que el DOGE podría reducir el gasto del gobierno en unos 2 billones de dólares, aunque posteriormente reconoció que esa cifra podría no ser un objetivo realista.

Este conjunto de investigaciones y esfuerzos legislativos refleja un creciente movimiento en el Congreso para mejorar la eficiencia del gobierno, abordar las ineficiencias de las políticas de trabajo remoto y asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada.

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