La Justicia de Estados Unidos le solicitó al Gobierno que informe dónde está el oro del Banco Central (BCRA) que salió de las reservas de la autoridad monetaria hace unos meses. Lo dispuso la jueza Loretta Preska en respuesta a un pedido de los beneficiarios del fallo contra el país, en un intento por detectar bienes del Estado en el marco del juicio por la expropiación de la empresa petrolera YPF.
«Lo que hizo la jueza fue emitir una orden que obliga a la Argentina a informar dónde se encuentra el oro del país y qué cantidad salió de las reservas del BCRA», detalla a Ámbito el experto en el caso Sebastián Marill, CEO de Latam Advisors. Según se calcula, al menos 60% de las reservas de oro que registra la Argentina fueron enviadas a Londres en los últimos años. Esto incluye, claro está, las seis toneladas que despachó el año pasado el ministro de Economía, Luis Caputo.
Recordemos que en junio del año pasado salieron camiones de caudales del BCRA con lingotes de oro rumbo a Londres. El objetivo era usarlos como garantía para obtener rentabilidad. El Gobierno confirmó luego esta operación en respuesta a reiterados pedidos de información que le hizo al BCRA el sindicato de empleados bancarios -«La Bancaria»-, a través de su secretario general, Sergio Palazzo. Pero nunca dijo, específicamente, adónde habían enviado los lingotes. Defendió su estrategia y, en julio, repitió el procedimiento al enviar una tres toneladas más (en total fueron seis).
En ese momento, generó preocupación en algunos analistas del mercado que el oro del BCRA sea parte de las reservas y advertían que ponerlo como garantía de inversiones implicaba un riesgo alto para un activo tan importante para el país. El BCRA tiene alrededor de u$s4.600 millones de sus reservas en oro; una parte de ese total estaba en Londres antes de estos dos envíos que hizo el titular de la entidad, Santiago Bausili, y ya se podía utilizar como garantía en operaciones.
Una de las mayores amenazas que veían algunos economistas era el peligro de embargo, que hoy se hace más pasible con el requisito de Preska.
Un pedido de información que toca varios activos
Pero Marill señala que eso no es lo único que busca la magistrada. «Adicionalmente, pidió a Gobierno que dé información sobre cuentas soberanas ubicadas a nivel local y en EEUU, que incluyen aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial», detalla.
Marill explica que la Argentina tiene seis semanas para reportar esta información y que, una vez que cumpla con ese requisito, los beneficiarios del fallo la revisarán e informarán a la jueza Preska qué es lo que quieren embargar. Y ella decidirá cuáles son embargables o no. «Muchos dicen que un activo de una embajada o un consulado tiene inmunidad diplomática. Eso es cierto, pero si fue usada para una actividad comercial, ese beneficio se anula y es embargable», informa el experto.
Lo que hizo la juez es tomar una decisión extrema en el marco de un juicio que ya lleva mucho tiempo en desarrollo y, de alguna manera, muestra una actitud sancionatoria contra la Argentina por su constante actitud de patear la pelota y no cumplir con sus obligaciones.
En mayo del año pasado, la jueza estadounidense Preska le exigió a la Argentina demostrar que la petrolera y el Estado representan los mismos intereses. La magistrada ya había emitido un fallo que condenó al país a pagar unos u$s16.000 millones, de los que el fondo Burford es el principal beneficiario. En la audiencia las partes presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades administradas por el Estado son «alter ego» del país. En esa lista estaban YPF, Aerolíneas, BCRA, Arsat, Banco Nación y otras.