En el marco de una ola de amenazas a establecimientos educativos en varias provincias, la Justicia procesó a una mujer que le entregó una réplica de arma a su hijo para que la llevara al colegio. Las autoridades advierten sobre las graves consecuencias legales de estos actos.
La ola de amenazas de tiroteos en escuelas, que esta semana puso en alerta a Jujuy, continúa expandiéndose por el país. En Mendoza, la Justicia imputó a una mujer por instigación a la intimidación pública por entregar una réplica de arma de fuego a su hijo de 17 años para que la llevara al colegio y «amedrentara» a sus compañeros en caso de un ataque.
Este hecho se da en un contexto de psicosis nacional alimentada por lo que las autoridades sospechan es un reto viral, con consecuencias legales reales para menores y adultos. La respuesta judicial ha sido contundente en diversas provincias para intentar frenar la escalada.
Santa Fe: Un joven de 16 años fue detenido en Rosario tras una investigación de la PDI por mensajes intimidatorios.
La Plata: Allanamientos en el colegio Emanuel permitieron secuestrar armas de aire comprimido y chalecos antibala en poder de alumnos que publicaban fotos con leyendas intimidatorias.
Tucumán: Ante el pánico generalizado, la Policía local desplegó 2.500 efectivos para custodiar los ingresos a establecimientos educativos.
En la vecina provincia de Santiago del Estero, la situación se agravó este viernes con la aparición de mensajes explícitos en baños escolares. En la Escuela Normal «Manuel Belgrano», una pintada advirtió: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos». En Suncho Corral, se encontró un papel en una escuela secundaria con diálogos escritos sobre un ataque planeado para el 22 de abril.
Como ya informó Somos Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación mantiene investigaciones abiertas en Libertador, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y Capital. Los fiscales recordaron que estas acciones están caratuladas como Intimidación Pública, un delito que prevé penas de 2 a 6 años de prisión.
Desde las áreas de Seguridad y Educación insisten en que estas amenazas no son «bromas» y que el protocolo de intervención es inmediato, incluyendo el rastreo de redes sociales y dispositivos móviles para dar con los autores.