El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abonó en efectivo U$S 8.874 por la hotelería de su viaje familiar a Aruba, según fuentes judiciales. El dato se suma a los U$S 5.800 de los pasajes aéreos, también pagados en efectivo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó en efectivo U$S 8.874 por la hotelería del viaje familiar a Aruba, realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Este monto se suma a los U$S 5.800 que ya se conocían por los pasajes aéreos, también abonados en efectivo, según confirmaron fuentes judiciales al diario Clarín.
Ambos montos forman parte de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito, iniciada tras la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. La pregunta central es si Adorni puede justificar el origen de los fondos utilizados para costear estos gastos con sus ingresos declarados como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción.
El fiscal también puso la lupa sobre 17 viajes al exterior realizados por Adorni y su familia desde 2022, con destinos como Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro, además de múltiples viajes nacionales. Como parte de las medidas de investigación, Pollicita citó como testigo al representante legal de la firma Optar, que habría abonado los pasajes, para que se presente el lunes 4 de mayo.
Además de los viajes, la causa incorpora la compra de propiedades en el country Indio Cuá y un departamento en la calle Miró, también bajo sospecha de no poder ser justificados con los ingresos declarados. El fiscal solicitó información al Banco Central, a empresas de giro de dinero como Western Union y Correo Argentino, y al Banco Galicia para obtener resúmenes de tarjetas y movimientos bancarios de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
También se requirió información bursátil a la Comisión Nacional de Valores y datos operativos de vuelos a la ANAC y a aerolíneas como Delta, ITA e Iberia. Con una red de medidas judiciales en expansión, la fiscalía busca trazar un mapa completo del patrimonio y los gastos del jefe de Gabinete para determinar si existe una brecha inexplicable entre sus ingresos y su nivel de vida. La Justicia federal deberá resolver si los pagos en efectivo y los viajes relevados constituyen indicios suficientes de enriquecimiento ilícito.