El pasado miércoles, el Senado de Argentina dio un paso significativo hacia la designación del nuevo juez de la Corte Suprema. El Gobierno de Javier Milei logró que la mayoría en la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta aprobara la discusión sobre la designación del magistrado Ariel Lijo como nuevo juez de la Corte Suprema.
Este avance es crucia en el Senado, ya que la designación de Lijo ha sido objeto de intensas negociaciones y controversias en los últimos meses. El documento legislativo que avala la postulación de Lijo contó con las nueve firmas necesarias para alcanzar la mayoría en la Comisión de Acuerdos.
Entre los firmantes se encuentran senadores de diferentes bloques políticos, incluyendo tres senadores de la opositora Unión Por la Patria (peronista). Este apoyo transversal refleja la importancia de la nominación y el interés de diversos sectores en avanzar con la designación de Lijo en la Corte.
Durante su audiencia pública, Lijo expuso su visión sobre distintos temas de relevancia para el funcionamiento del Poder Judicial. Entre los puntos más destacados de su presentación se encuentran la necesidad de reasignar recursos en la Corte Suprema y reducir la litigiosidad a través de una simplificación del recurso extraordinario.
También sugirió segmentar las respuestas judiciales en función de la naturaleza del conflicto, señalando que no puede abordarse con los mismos métodos una catástrofe ambiental que un caso de arrebato callejero.
Sin embargo, la candidatura de Lijo no ha estado exenta de críticas. Diversos organismos judiciales, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), han cuestionado su idoneidad moral, técnica y profesional.
Dictamen
Según un informe de la ACIJ, Lijo recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez y solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también ha cuestionado su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional.
A pesar de estas críticas, el dictamen elevado al Senado concluyó que las impugnaciones y observaciones no son conducentes y no aportan fundamentos suficientes que demuestren la falta de idoneidad moral, técnica y profesional del candidato. Para su aprobación definitiva, el nombramiento requiere de las dos terceras partes del Senado, lo que requerirá negociaciones adicionales en la Cámara alta.
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